España es, actualmente, uno de los países con mayor potencial en lo que a obtención de energía solar fotovoltaica se refiere. De hecho, se trata de una de las energías alternativas más viables pese a las limitaciones económicas que existen actualmente por parte de la Administración Pública.
Por ello, se sigue apostando fuerte por este tipo de energía renovable desde diversas organizaciones que continúan solicitando una legislación más favorable para el autoconsumo, y buscan que tanto este concepto como el de balance neto entren a formar parte de la terminología habitual de los usuarios.
Incluso, dichas organizaciones determinan que el balance neto fotovoltaico –que podría definirse como el sistema que emplean generalmente los consumidores con instalaciones domésticas para obtener su propia energía y, a la vez, verter a la red eléctrica la energía sobrante y aprovecharla en otro momento para reducir la demanda de la energía tradicional– podría llegar a suponer un ahorro del 40% en la tarifa eléctrica, gracias a la eficiencia que se obtiene de la instalación de paneles solares.
El cuello de botella en esta cuestión se encuentra, tal y como especifican, por ejemplo, desde la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), en que la Administración debe “normalizar lo antes posible la medición neta de la energía generada frente a la consumida” para poder determinar correctamente los saldos negativos y positivos que puedan surgir del balance.
La regulación actual –bastante menos avanzada que en otros países en los que ya se ha hecho hincapié en la apuesta por el autoconsumo con balance neto como Brasil, Japón, Canadá o Alemania- se basa en un Real Decreto aprobado en 2011, el 1699/2011, que establecía las condiciones económicas, técnicas y administrativas de las pequeñas instalaciones de producción de energía eléctrica.
Igualmente, y aunque el Gobierno ya ha realizado unas primeras modificaciones incluidas en la Ley del Sector Eléctrico a finales del año pasado, se sigue llamando, además, a la legislación concreta de las condiciones administrativas de las redes de autoconsumo para que los usuarios puedan determinar qué tipo de relación real establecen con las compañías eléctricas.
Imagen: Ecosolar