El 2007 fue un año de bonanza para las energías alternativas ya que, para cumplir con los objetivos que se establecieron en el protocolo de Kioto respecto a la reducción de las emisiones de CO2, el Gobierno estableció un Real Decreto –concretamente, el 661/2007- que fomentaba el desarrollo de las energías renovables, gracias a un sistema de primas que compensaba la emisión de energía procedente de estas fuentes alternativas.
Sin embargo, los recortes posteriores que los diferentes Ejecutivos han ido realizando en el sector están creando graves problemas a muchas de aquellas personas que invirtieron sus ahorros en la adquisición de pequeñas instalaciones fotovoltaicas.
En primer lugar, el Decreto 1565/10, publicado en 2010, limitó la retribución que se estaba obteniendo por estas instalaciones a 25 años, en vez de mantener las primas a lo largo de la vida útil de la instalación –que fue lo que se estableció en primera instancia-. Igualmente, y también en el mismo año, el Decreto Ley 14/10 redujo el número de horas de emisión de energía que tenían derecho a recibir la correspondiente subvención.
Aunque posiblemente, el golpe más duro que han recibido los poseedores de estas instalaciones ha sido la creación de un nuevo impuesto –regido por la Ley 15/2012, de 2012- que grava un 7% la generación de electricidad.
Según datos de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), de las más de 59.800 instalaciones de paneles solares que hay actualmente en España, 34.000 pertenecen a personas físicas.
Muchos de ellos son ganaderos o agricultores que unieron –normalmente creando cooperativas o mancomunidades- y se animaron a invertir para completar sus rentas gracias a los huertos solares.
Actualmente, se encuentran negociando cambios en las condiciones de los préstamos que solicitaron para poder salir adelante. Aunque, de momento, y según indican algunos de los afectados, sólo les ofrecen refinanciaciones que les llevarían a seguir pagando por los créditos incluso una vez que finalizara la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas.
Por ello, y dadas las circunstancias, la mayoría apuestan por acudir a los tribunales para reclamar. Así, el 31 de marzo se abrió el plazo para recurrir la liquidación definitiva de los primeros recortes ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), y los abogados de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) afirman que ya es posible acudir a la Audiencia Nacional.
Foto: Solarta Balear