Ya se veía venir. Los recortes a las renovables iban a pasar factura al Gobierno. Y aún quedan pendientes 27 litigios por resolver con reclamaciones que podrían superar los 5000 millones de euros.
En mayo el Supremo condenaba al Gobierno por el recorte que afectó a casi una treintena de plantas dedicadas a la producción de electricidad. Y la cosa no había hecho más que empezar. Organismos arbitrales internacionales como Uncitral, el Banco Mundial o CIADI se suman a las denuncias contra el Ejecutivo en una nueva batalla que podría costar más de 5000 millones de euros a las arcas del Estado.
Uno de los precedentes ha sido el veredicto a favor de los fondos de inversión Eiser Infrastructure Limited (Reino Unido) y Energia Solar Luxembourg (Luxemburgo). El dictamen falló condenando al Gobierno español por las consecuencias que los recortes ocasionaron en las dos centrales termosolares (Badajoz y Ciudad Real) en las que dichos fondos invirtieron.
A raíz de ello, varios organismos internacionales se han apuntado al carro de las reclamaciones. Para evitar el pago en nuevos conflictos judiciales desde el Gobierno se dictó una enmienda que regula que dicho importe salga del dinero destinado a los presupuestos generales del Estado, pero también se aventuró a que las multas repercutieran en las tarifas por medio de la subida de los precios.
Ello es contrario con la ley que promulgó el propio Ejecutivo cuatro años antes mediante la cual se compensarían la deuda (más de 23.000 millones) y los desajustes de los años precedentes con el superávit (más de 1200 millones) de las cuentas públicas.
El caso de Ciadi es cuanto menos llamativo, puesto que no se ha incluido en la reclamación las pérdidas de los recortes que se iniciaron ya con el gobierno socialista con Miguel Sebastián como ministro de Industria, por lo que el importe final de la multa impuesta al Estado se queda en casi 130 millones de euros, menos de la mitad de los 300 millones que reclamaba al comienzo del pleito.
A tenor de ello, parece probable que serán las actuaciones de Soria primero y de Nadal después, titulares de la cartera de Industria bajo el mandato del Partido Popular, las que se examinarán en las reclamaciones a causa de los recortes a las renovables y del impuesto al sol. De ahí la enmienda introducida por el Gobierno para el pago de las reclamaciones, que se prevén importantes.
Ello no hace sino limitar aún más las posibilidades que las energías renovables pueden tener en la economía nacional. A pesar del varapalo económico que ha supuesto la sentencia de Europa a España, y que se repetirá en los 27 litigios pendientes aún, el Gobierno no ceja en su empeño de reducir la presencia de la energía limpia en nuestro país. Lo último, el límite impuesto en las subastas de las renovables, por lo que se reduce la rentabilidad de muchos proyectos encaminados a hacer de España un país más limpio y respetuoso con el medioambiente. De este modo, muchos proyectos tendrán problemas financieros para ejecutarse en la práctica.
Veremos cómo se desarrolla el proceso a la vuelta de las vacaciones.